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Justicia y trato digno para el servidor público.
Puede darse cuenta la sociedad, cómo el Estado orienta a los Servidores Públicos hacia la adopción de algunas normas o valores, pero en realidad estas actúan desde el inconsciente de los individuos, y por esta razón se les da un carácter rígido, exagerado, autoritario, mecánico y legalista y desde la subjetividad de los conceptos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, estas exigencias llevadas al campo del Juzgamiento disciplinario, resultan, en la mayoría de las veces Juicios que resuelven el concepto de eficacia y eficiencia desde una perspectiva de la autoridad, exagerada y sin fundamento alguno. |
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A la sociedad no le interesa si el servidor público se equivocó, sin dolo alguno, al anotar el número de partida en un informe financiero, o si elaboró su declaración patrimonial o de modificación tres días o un mes después de la fecha en que debería hacerlo, o si elaboró un informe sin tener facultades para ello sin que esto tuviera consecuencia alguna, pues de estas irrelevantes observaciones y sanciones se encuentra llena la Secretaría de la Función Pública. Lo que le interesa a la sociedad es que los “peces gordos” que nunca conocimos, paguen con penas de prisión sus deleznables actos, pero como es común en nuestro sistema agarrar a los grandes es afectar el sistema, por ello es mejor agotar sus esfuerzos llenando cifras impresionantes con observaciones y sanciones por actos absurdos, socialmente irrisorios e irrelevantes para atacar la corrupción.
Ha sido tan ineficiente el trabajo de la Secretaría de la Función Pública, que fue la primera dependencia que se le vino a la mente del ejecutivo para que desapareciera, aunque no se agotarán los procedimientos disciplinarios, como explicamos en un artículo diverso de nuestra página.
La inercia legalista de los Órganos Internos de Control se ve influenciada por una gran necesidad de la SFP de llenar índices y metas de sanción para “justificar” su verdadera ineficiencia, y el grueso de su nómina, hagámos memoria de unas de muchas notas publicadas durante el gobierno foxista:
Ordena SECODAM investigar 'bonos' del gobernador de Morelos" (El Universal, viernes 27 de abril de 2001).
"La Contralora del estado Ema Margarita Alemán Olvera, confirmó que la Secretaria de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) ordenó investigar la distribución de casi 11 millones de pesos entre el gobernador y sus principales colaboradores, que inicialmente fueron identificados como 'bonos de productividad'. En este sentido aseguró que en caso de encontrar irregularidades, como lo acusa la organización priísta 'ciudadanos morelenses en movimiento', podrían ser sancionados, tanto el gobernador Sergio Estrada Cajigal Ramírez, como aquellos que percibieron la compensación económica".
En otros encabezados encontramos: "Iniciará la Contraloría del Distrito Federal proceso contra delegado en Miguel Hidalgo, confirma la dependencia que existen elementos para indagar a funcionarios de la demarcación por corrupción, incluido su titular por recibir un cheque (El Universal, viernes 27 de abril de 2001).
Asimismo, se da la noticia de la "corrupción en 1674 áreas del Gobierno" (Novedades, 31 de marzo de 2001).
Por su parte, el día 30 de marzo de 2001, la entonces vocera del Presidente de la República, Martha Sahagún informó que el Presidente Vicente Fox recibió los resultados de 23 auditorías practicadas a diversas dependencias federales en los que se encontraron elementos para fincar responsabilidades a funcionarios y ex funcionarios de Pemex, Secretaría de Turismo y de la Policía Federal Preventiva."
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